Reforma constitucional en materia penal y la seguridad ciudadana

Abstract

ESTRUCTURA DEL TRABAJO I.- Planteamiento del problema ¿Qué hacer para proporcionar la adecuada, debida y necesaria Seguridad Ciudadana? ¿Qué hacer en consecuencia para reducir la Delincuencia? Con más preguntas que respuestas vemos día a día como el país cae a niveles de inseguridad que todavía hace muy poco tiempo hubieran resultado impensables. De la delincuencia común hemos pasado a la delincuencia organizada y ahora se habla de terrorismo o narcoterrorismo. ¿Hasta donde hemos llegado?, ¿hasta donde llegaremos? En nuestros días uno de los ámbitos más delicados, trascendentes y olvidados de la función pública es sin duda alguna la Justicia Penal. Hoy en día es probadamente insuficiente e ineficiente para enfrentar y resolver los problemas actuales y los que se vislumbran a futuro en esta materia. Están a la vista los hechos que lo demuestran. Hay conciencia social sobre de este punto y clamor generalizado que exige soluciones adecuadas, prontas y profundas. No es posible diferir por más tiempo la atención a la Justicia Penal. Se ha optado por lo general en reformar las normas constitucionales y secundarias, creando delitos, elevando sanciones y suprimiendo garantías, en lugar de avanzar verdadera y decididamente en la aplicación de las leyes existentes, en el mejoramiento real de las instituciones que actúan en este sector, el destierro de la impunidad y el acceso universal de la justicia. Pese a los esfuerzos realizados, tal vez más con más buena voluntad que con buena visión, pero el caso es que no han sido constantes, la coordinación ha sido deficiente, continua campeando la improvisación, la incompetencia, la impunidad y la corrupción. Los procedimientos son complejos, lentos e insatisfactorios. En la incorporación del personal al servicio de la justicia, prevalecen a menudo criterios pocos profesionales. No se refleja en los hechos la enorme importancia de este servicio, tanto desde el ángulo de la seguridad ciudadana y la paz social, como desde la perspectiva del desarrollo social. La opinión pública desconfía de la justicia penal y señala sus errores y deficiencias. Es uno de los sectores mas desprestigiados entre los servicios que ofrece el Estado Mexicano en sus diversos niveles. Los resultados de esta función pública contribuyen a explicar su desprestigio. La sociedad espera y exige una obra jurídica y moral de grandes proporciones en materia de justicia penal, conducida con experiencia, conocimiento, eficacia y probidad.