Resumen:
¿Deben los médicos ayudar a los enfermos en etapa terminal a suprimir su propia vida, cuando buscan con ello acabar con incesantes sufrimientos? Ésta es la pregunta que guía el presente trabajo de investigación documental en la búsqueda analítica de los elementos que den sustento a la actividad diaria de los profesionales de la salud que conviven con estos pacientes. Se identificaron y analizaron los principales puntos de discusión relacionados con Eutanasia Activa Voluntaria (EAV) y Suicidio Médicamente Asistido (SMA), como son: los conceptos de constitución del hombre dualista y monista, persona humana, dignidad humana, calidad de vida, libertad, autonomía y muerte digna. Se describe una visión histórica de la EAV y del SMA. Se revisaron diferentes definiciones de EAV y se propone una nueva definición. Así mismo, se plantean los diferentes aspectos legales de la EAV y del SMA. Se identificó como principal factor en contra de la aceptación de la EAV y del SMA, la postura religiosa monoteísta y se hizo un análisis de los principales argumentos de la Iglesia Católica dependiente del Vaticano. Se analizaron los cambios ocurridos en Holanda, Estados Unidos y Bélgica en relación a la aceptación de la EAV y del SMA. Se incluye en el trabajo un apartado de los Cuidados Paliativos, los cuales se consideran muy apropiados, indispensables y totalmente recomendados en el tratamiento de los pacientes enfermos en etapa terminal, que sin embargo no excluyen a la EAV y al SMA, sino que éstos últimos aparecen como la opción última en este tipo de pacientes.
Se concluye que el conocimiento actual es suficiente para justificar la EAV y el SMA en enfermos terminales con sufrimiento incoercible, y que los médicos pueden actuar en consecuencia, solamente limitados por sus propias creencias religiosas. Se sugiere hacer cambios legales para que no se excluya a los individuos por profesar religión diferente a la católica. No se considera necesaria la legalización de EAV y SMA, únicamente la despenalización, reconociendo que son casos muy concretos. El Estado debe tutelar los bienes del individuo, pero cuando la vida ya no es considerada un bien por el propio sujeto, no debe intervenir.
