La resistencia social a la modernización

Abstract

El ingeniero Luis Ortega Douglas, que gobernó al estado de Aguascalientes entre 1956-62, puso en marcha, entre otras medidas, el levantamiento de un nuevo catastro, y la actualización de los valores de la propiedad raíz, en lo que fue asumido como un proceso de modernización administrativa. Teniendo en cuenta los niveles de centralización de las decisiones y de los recursos económicos en el ámbito federal, para un gobierno estatal el catastro tenía una gran importancia, en la medida en que se trataba de una de las pocas fuentes propias de recursos. Dos fueron los aspectos que determinaron la actitud del gobernador en este proceso de actualización. En primer lugar el hecho de que había un gran atraso en el padrón de propietarios, y en segundo lugar, que grandes propietarios no pagaban lo que correspondía al valor de sus propiedades, defraudando de esta forma al fisco. En opinión de Ortega, la actualización era necesaria, a fin de darle al gobierno los recursos necesarios para continuar con su tarea de promoción del bienestar social, a través de la generación de la obra pública que el estado requería. La puesta en marcha de esta y otras políticas estatales, trajo consigo cierta turbulencia política originada por algunos afectados, que en su cota más alta exigieron la renuncia del Ejecutivo estatal.

The engineer Luis Ortega Douglas, who ruled the state of Aguascalientes from 1956 to 1962, launched, among other measures, the erection of a new land office, and updating the values of real estate, in what was assumed like a administrative modernization process. Given the levels of centralization of decisions and economic resources at the federal level, for a state government the land office was of great importance, to the extent that it was one of the few sources of income themselves. There were two aspects that determined the governor's position in this update process. Firstly the fact that there was a large backlog in the register of owners, and secondly, that large landowners did not pay what was due to the value of their properties, thus defrauding the treasury. According to Ortega, the update was necessary, in order to give the government the necessary resources to continue its task of promoting social welfare, through the generation of public works that the state required. The implementation of this and other policies brought some political turbulence caused by some affected, which in its highest point demanded the resignation of the state executive.